En conclusión se puede decir que aunque Ecuador cuente con toda una normatividad ambiental, no es favorable para el medio ambiente, ya que tiene un enfoque mas económico que ambiental, pues se le han otorgado derechos a inversionistas extranjeros sin restricciones, aun cuando en la constitución ecuatoriana de 1998 se establece que las personas o empresas extrajeras no podrán adquirir tierras o concesiones en zonas de seguridad democrática, pero el problema es que dentro de esta seguridad democrática no se contempla la conservación de los recursos naturales, lo cual demuestra que a este país no le preocupa el ecosistema.
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Al igual que en Colombia en la constitucion de Ecuador aparece que el agua es un derecho humano fundamental, pero por motivos de corrupcion o de ambicion en lo economico , este derecho ha sido manipulado, para que empresas del extranjero pueden comercializarlo, vemos como es un comun denominador en los paises andinos, el tratar de mprivatizar los recursos nturales que escacean en los paises industrializados, nuestros gobernantes no ven el daño que pueden acosionar a futuro a nuestros descendientea al permitir la comercializacion de un bien comun como es el agua, los gobiernos tratan de contruir estrategis encaminadas a minimizar los derechos de la naturaleza, al igual que los derechos colectivos.
ResponderEliminarEcuador cuenta con un marco constitucional en materia de manejo de recurso hidrico bastante restrictivo, pero en gobiernos anteriores este marco constitucional ha sido modificado para favorecer la inclusion de inversion extranjera en materia de servicios ambientales, ahora en el gobierno de Correa, se esta intentando de nuevo proteger el uso de recurso hidrico y servicios ambientales en general
ResponderEliminarEsta claro una vez más que las falencias económicas de los países en vía de desarrollo latinoamericanos son tratadas de compensar con la explotación de los recursos naturales, los cuales son abundantes en esta región y percibidas como infinitos. Es hora de apropiarse de un pensamiento colectivo que exija el cumplimento de las leyes.
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